El Gobierno de Estados Unidos anunció un aumento significativo en el incentivo económico dirigido a inmigrantes indocumentados que decidan abandonar voluntariamente el país antes del 31 de diciembre. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que el llamado “bono de salida” se triplicó, pasando de 1.000 a 3.000 dólares, además de incluir el pago del pasaje aéreo de regreso al país de origen.
La secretaria del DHS, Kristi Noem, explicó que la medida estará vigente únicamente hasta finales de este año y aplica tanto a personas que no han sido detenidas por autoridades migratorias como a aquellas que se encuentran detenidas pero no enfrentan cargos penales.
“Si desean regresar voluntariamente a su país de origen y se encuentran ilegalmente en los EE.UU., les daremos 3.000 dólares durante las fiestas para que puedan regresar a casa. Les compraremos el boleto de avión y les daremos 3.000 dólares”, afirmó Noem en una entrevista con Fox News.
La funcionaria subrayó que quienes opten por esta alternativa podrían tener, en el futuro, la posibilidad de regresar legalmente a Estados Unidos. En contraste, advirtió que aquellos que esperen a ser detenidos y deportados por las autoridades perderán cualquier opción de retorno legal. “Si esperan a que los interceptemos, los detengamos y los deportemos nosotros mismos, nunca tendrán la oportunidad de regresar”, sostuvo.
El DHS recomendó a los interesados descargar y utilizar la aplicación oficial CBP Home, diseñada para facilitar el proceso de salida voluntaria. “Nos aseguraremos de que lleguen a casa a tiempo para Navidad”, aseguró Noem.
En un comunicado oficial, el Departamento de Seguridad Nacional indicó que desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en enero, aproximadamente 1,9 millones de inmigrantes indocumentados han optado por la deportación voluntaria, decenas de miles de ellos mediante la aplicación CBP Home.
La medida forma parte de la estrategia de la Administración Trump para cumplir su promesa de campaña de llevar a cabo la mayor operación de deportaciones en la historia del país. Sin embargo, las redadas y arrestos realizados en los últimos meses han generado fuertes críticas de organizaciones proinmigrantes y sectores opositores, que cuestionan el impacto humanitario de estas políticas.
