A partir del próximo agosto, los agentes policiales o militares que obstaculicen el derecho de un ciudadano a grabar sus actuaciones oficiales enfrentarán consecuencias legales severas.
Según las nuevas disposiciones, impedir el registro audiovisual de operativos podría conllevar penas que oscilan entre los 15 días y un año de prisión. Esta normativa se fundamenta en la Ley 74-25 del nuevo Código Penal, cuya entrada en vigor está pautada para el 6 de agosto.
Para el jurista Amadeo Peralta, esta legislación representa un «giro de 180 grados» en el marco jurídico dominicano, modernizando significativamente las reglas de convivencia y el control de la autoridad frente al código vigente.
